Aún bajo los efectos de la crisis de 2008 y con ayuda de algunos amigos insolventes, creé una cooperativa para contratar a un albañil que había sido desahuciado. El objetivo del contrato era quitar las puertas que impedían el acceso a las viviendas vacías que la Caja de Ahorro del Mediterráneo* había adquirido en subasta después de desahuciar a sus habitantes.
    Esta acción consiguió que las viviendas quedaran accesibles para su uso público y permitió su ocupación sin riesgo de ser acusado de allanamiento de morada, ya que toda la responsabilidad recaía sobre la cooperativa encargada de la acción.

    Este proyecto utiliza una identidad jurídica para garantizar la impunidad de personas físicas, que es la misma estrategia que usan los bancos para saltarse la Ley de Enjuiciamiento Civil de forma impune y adquirir en subasta las viviendas desahuciadas por menos del 50% de su valor de tasación.